Una clínica dental franquiciada es condenada por contratar trabajadores como falsos autónomos en Córdoba

El Consejo General de Dentistas ha informado de que el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba ha estimado la demanda presentada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social contra ISOCOR S.D., empresa franquiciada de DENTAL&COMPANY CENTER S.L., sobre la relación existente entre los trabajadores de la propia empresa y de dicha franquicia dental, considerando que los mismos habían desempeñado sus funciones con un contrato de arrendamiento de servicios cuando lo que les unía con la empresa era una relación laboral.

 

Según asegura la Sentencia, en este caso concurren los tres aspectos que caracterizan una relación laboral entre empresa y trabajador:

 

-       Es una vinculación que es ajena a los resultados, desde el momento en que el rendimiento de los trabajadores forma parte del acervo de la empresa.

 

-     Existe dependencia, al fijar la empresa a cada uno de los trabajadores su jornada laboral, los pacientes a los que debe atender, el periodo vacacional y la imposición del instrumental y medios materiales que condicionan su actividad.

 

-       La retribución de los servicios se hace mediante un porcentaje, cantidad que viene determinada por el volumen de facturación y del número de pacientes que es asignado por la empresa a cada uno de los trabajadores.

 

Por todo ello, y ante las sospechas de que estas mismas prácticas pudieran estar llevándose a cabo en otras clínicas dentales, el Consejo General de Dentistas pide al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que continúe llevando a cabo inspecciones de trabajo de manera periódica para evitar que haya trabajadores perjudicados, que tienen que hacer frente al coste de sus seguros sociales, y no tienen derecho, entre otras cuestiones, a vacaciones remuneradas.

 

Al mismo tiempo, el Consejo General de Dentistas vuelve a reclamar la aplicación de una normativa para que el control en la toma de decisiones en las clínicas dentales esté en manos de los profesionales, para vincular la prestación del servicio al conocimiento y para evitar que haya empresarios especuladores que se rijan por criterios estrictamente económicos a la hora de gestionar estos centros.


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