1. La legislación y la jurisprudencia europeas reconocen reiteradamente la especial naturaleza de las profesiones sanitarias y para ello cuentan con mecanismos regulatorios específicos para facilitar la prestación de servicios sanitarios y la movilidad de sus profesionales, excluyéndolas de normativas de carácter horizontal, como ocurrió en 2006 con la Directiva de Servicios. Por tanto, es incongruente e inadecuado que se aborde la evaluación de la proporcionalidad de forma general, sin tener en cuenta esta especial naturaleza.

2. Los requisitos que se exigen en el ámbito sanitario para el acceso a determinadas profesiones no pueden interpretarse como restricciones al ejercicio profesional, sino como medidas de protección para los pacientes, destinatarios de los actos profesionales.

3. Las decisiones relativas a la regulación de las profesiones sanitarias deben tener como objetivo la seguridad y la mejora de la calidad en la atención sanitaria al paciente, y esta no debe ponerse en riesgo por decisiones basadas en términos económicos.

Por todo ello, los Consejos Generales de las profesiones sanitarias de España:

a)   Entienden que la reserva de actividad (título, colegiación/registro de los profesionales, desarrollo profesional continuo, deontología profesional, requisitos de cobertura de seguro, conocimiento de un idioma, etc.) constituyen elementos que se encaminan a garantizar la protección del derecho a la salud y la seguridad clínica de los ciudadanos de la Unión Europea.

b) Reclaman que cualquier regulación, tanto europea como nacional, contemple la naturaleza específica de las profesiones sanitarias para garantizar los derechos de protección de la salud y seguridad clínica, que se encuentran establecidos y justificados por razones de salud pública.

c)    Solicitan la exclusión de los profesionales sanitarios de la propuesta de Directiva sobre un "Test de proporcionalidad”.

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