Con motivo del cierre de todas las clínicas iDental en España, sin un comunicado oficial por parte de la Empresa, y ante la grave situación creada por el mayor escándalo sanitario dental mundial conocido hasta el momento, que ha afectado a miles de ciudadanos, con tratamientos que han quedado interrumpidos o sin haberse ni tan siquiera iniciado, muchos de ellos con deudas financieras contraídas, el Consejo General de Dentistas de España, al que pertenece el Colegio de Odontológos y Estomatólogos de Alicante (COEA), informa a todos aquellos pacientes afectados de los pasos a seguir y posibles vías de actuación:

• Se recomienda la conservación de toda la documentación que pudiera tener (folletos publicitarios, presupuestos, contratos de créditos, resguardos de citas, historial, pruebas diagnósticas, etc.).

• Presentar ante iDental, por burofax o por correo certificado con acuse de recibo, una reclamación escrita.

• Solicitar una copia de sus Historias Clínicas también por burofax u otro medio fehaciente: en el caso de que no puedan ejercer su derecho de acceso o la clínica se niegue/dificulte su entrega, deben presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (AEPD).

• Presentar una reclamación ante la Consejería de Sanidad de la localidad en la que resida el afectado si se ha producido mala praxis, o el tratamiento no se ha finalizado.

• En el caso de que haya firmado un crédito vinculado (exclusivo para financiar la prestación de un servicio específico):

-Puede interponer una reclamación ante la Entidad financiera con la que lo haya firmado.

-En el caso de que no hubiesen transcurrido 14 días naturales desde la firma de este crédito, se puede ejercer el derecho de desistimiento (ampliable en un año desde la fecha de finalización del periodo de desistimiento inicial, en caso de que no se hubiera informado al firmante de su derecho a desistir). 

• Presentar una queja ante la Dirección General de Consumo de su localidad, si se han vulnerado sus derechos como consumidor.  

La Agencia Española de Consumo, Seguridad alimentaria y Nutrición (AECONSAN) tiene publicada información al respecto en su página web.

http://www.aecosan.msssi.gob.es

 

• Acudir a la vía judicial:

 

-Vía civil: reclamación como consecuencia de daños y perjuicios ocasionados por una mala praxis profesional o tratamientos no finalizados. 

-Vía penal: si ha existido negligencia grave, estafa, delito contra la salud.

Aquellos ciudadanos que no dispongan de suficientes recursos económicos y reúnan los requisitos legales exigidos, podrán solicitar asistencia jurídica gratuita a través de los Colegios de Abogados territoriales.

• Ante cualquier duda, los ciudadanos pueden acudir al Colegio Oficial de Dentistas de la provincia donde residan los afectados, donde se les informará de sus derechos y de todas estas vías de actuación disponibles. Asimismo, también pueden dirigirse a las distintas Organizaciones de Consumidores y Usuarios.

• Se recomienda que se valoren y analicen con cuidado y detalle todas las ofertas que a partir de este momento puedan recibir de otras clínicas, financieras, bancos y bufetes de abogados, ofreciéndose para solucionar sus respectivas situaciones clínicas, financieras y jurídicas.  

Por otro lado, el Consejo General de Dentistas:

• Solicita a todas las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas afectadas, a que procedan a la custodia de las historias clínicas de los pacientes afectados con el cierre de las clínicas iDental, con el fin de evitar posibles deterioros o destrucciones y salvaguardar sus derechos.

• Reclama a la Administración y a los órganos judiciales correspondientes, la intervención inmediata y toma de medidas encaminadas a solucionar la grave situación de indefensión por la que atraviesan los pacientes afectados, causándoles un grave perjuicio de salud y económico.

• Insta nuevamente a las Autoridades sanitarias y a los partidos políticos a que se regule de manera urgente y adecuada la publicidad sanitaria, con el fin de evitar confusiones en su interpretación y donde primen los criterios de ética y veracidad, sin que pueda inducir a confusión al ciudadano, de manera que pueda valorar las distintas opciones de tratamientos y los riegos que pueda conllevar para su salud.

• Exige la aplicación efectiva de la Ley de Sociedades Profesionales, de manera que la mayoría del patrimonio social y del número de socios correspondan a los socios profesionales y no a empresarios ajenos al sector sanitario. De esta manera, las Organizaciones Colegiales podrán realizar un control de estas empresas, al tener que estar obligatoriamente inscritas en los registros colegiales.

 La Organización Colegial de Dentistas, en cumplimiento de sus fines de defensa del bien más preciado de los ciudadanos, como es su salud, mantendrá su postura de “tolerancia cero” ante este tipo de situaciones. Por ello, los Colegios Oficiales de Dentistas pondrán en conocimiento de la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción correspondiente los hechos acontecidos, si son susceptibles de posible estafa, además de incoar los correspondientes expedientes disciplinarios si de las diligencias de investigación practicadas resultara que los hechos denunciados pudieran ser sancionados deontológicamente. Por parte del Consejo General de Dentistas, se presentará la correspondiente querella ante la Audiencia Nacional, si procede, además de poner nuevamente esta lamentable situación en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.

 

 

 

 

 

 


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