La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha puesto en marcha un procedimiento de inscripción para personal del Sistema Nacional de Salud jubilado interesado en colaborar en tareas de apoyo o en la campaña de vacunación contra la COVID 19. Se trata de una medida que se adopta porque el control de la evolución de la pandemia por parte de los sistemas de salud puede exigir un refuerzo de las plantillas de profesionales.

A día de hoy, el Sistema Valenciano de Salud tiene capacidad para administrar de forma ágil las vacunas que la Comunitat Valenciana recibe, pero si las farmacéuticas pudieran aportar una cantidad importante de dosis en un tiempo relativamente corto, la campaña de vacunación se podría reforzar con este personal voluntario.

Las vacunas son una herramienta segura y eficaz para controlar la evolución de la pandemia y preservar la salud de la ciudadanía y la Conselleria, en su afán por anticipar todos los escenarios posibles a la hora de diseñar las estrategias de planificación e implementación de la vacunación, ha resuelto abrir un procedimiento para incorporar a la campaña, en caso de ser necesario, de forma voluntaria, a personal jubilado del Sistema Nacional de Salud menor de 70 años.

El procedimiento está abierto a profesionales de Medicina, Enfermería, Odontología, Veterinaria y Podología del Sistema Nacional de Salud menores de 70 años; y la inscripción se realiza telemáticamente (a través de la página web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública consultar aquí).

Las personas interesadas deben cumplimentar y registrar la solicitud 'online', donde han de indicar el colectivo al que pertenecen y el departamento de salud con el que querrían colaborar, así como sus datos personales y medios de localización. La documentación acreditativa de los requisitos se presentará cuando la Administración lo requiera y la inscripción permanecerá abierta hasta nuevo aviso. En caso de duda, se puede llamar al teléfono 012.

La apertura de este procedimiento de personal jubilado voluntario es una medida prevista en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; y ya se contemplaba también en la primera declaración de estado de alarma por la COVID-19 (marzo de 2020).

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